El ministro Alfonso Prada aseguró que el Estado seguirá atacando la minería ilegal, la extorsión y el secuestro de las 5 bandas con las que se pactó cese al fuego.
Es un hecho: el cese bilateral al fuego que arrancó este lunes entre el Gobierno y cinco estructuras armadas callará el ruido de los fusiles, pero no afectará la comisión o el ataque a los demás delitos que cometen los ilegales.
En diálogo con EL COLOMBIANO, el ministro del Interior y vocero del Gobierno de Gustavo Petro, Alfonso Prada, reconoció que es posible que los grupos armados sigan practicando minería ilegal, extorsión y secuestro, pero que las Fuerzas Armadas del Estado también estarán listas para combatir esas acciones cuando sea necesario.
“No hay ni un milímetro del territorio colombiano que esté vedado para la Fuerza Pública cuando requiera intervenir en algún delito (…) No puede haber delincuencia ni delito por parte de los miembros de estas organizaciones, para eso quedan vigentes las instituciones del Estado”, dijo Prada.
Las declaraciones cierran la puerta a que el cese al fuego incluya un freno para esos delitos, pero abren una pregunta clave: ¿Cómo funcionará la medida y qué implica para las partes y para la comunidad?
A excepción de crisis como el “plan pistola” de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) –también llamadas Clan del Golfo– y de ataques puntuales a bases militares u ofensivas del Ejército, no es tan común que la comunidad presencie enfrentamientos entre la Fuerza Pública y estructuras como el Clan, la Segunda Marquetalia o el Estado Mayor de las disidencias de las Farc.
Pese a eso, está claro que el cese sí podría beneficiar a comunidades puntuales atormentadas por enfrentamientos constantes.
Ese sentimiento lo describió bien la Iglesia Católica a través de un comunicado: “aunque para algunas personas y sectores que viven en lugares en donde no se siente de manera directa el rigor de la presión del conflicto armado el cese al fuego anunciado puede parecer algo innecesario e inconveniente, para quienes viven en los territorios con presencia significativa de estas estructuras armadas es el comienzo de una vida nueva”, aseveró la institución.
Para ese fin, este lunes se conocieron apartados de lo que sería el decreto del Gobierno para reglamentar la vigilancia al cese bilateral. En por lo menos 13 puntos, la Presidencia ordenará la creación de un comité “que estará liderado por las AGC y el Gobierno Nacional” y que tendrá como protagonistas a las comunidades, quienes verificarán y reportarán desde sus territorios las actuaciones de cada parte.
Entre otras cosas, el documento también decretará que civiles y armados podrán ser nombrados como delegados en ese comité y que se hará un informe cada dos meses sobre el avance de la medida.
La orden es dejar de disparar
Desde el momento en que Petro anunció el cese bilateral –casi en mitad de la noche de Año Nuevo y a través de su cuenta de Twitter, como es costumbre– , las Fuerzas Armadas recibieron también una orden clara: dejar de atacar militarmente al Ejército de Liberación Nacional, ELN; la Segunda Marquetalia, liderada por Iván Márquez; las Autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta, el Clan del Golfo y el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, cuyos líderes son los curtidos guerrilleros “Gentil Duarte” e “Iván Mordisco”.
Estos últimos se diferencian del Estado Mayor porque no fueron firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 y, desde ese entonces, se declararon como disidencias de las Farc-EP. Un punto que, a la larga, podría facilitarles un estatus político para negociar con el Gobierno.
Así las cosas, el Ejército, la Policía, la Armada y demás tropas del Estado, debieron dejar de disparar sus fusiles contra esos cinco grupos. A cambio, las estructuras ilegales se comprometen también a no atentar contra las Fuerzas Armadas y frenar los ataques de ese tipo hacia la población civil.
¿Y el ataque entre ellos?
Lo que no está claro –pero todo pareciera indicar que no– es si los grupos también dejarán de atacarse entre ellos. Si fuera así, el cese pasaría a llamarse “multilateral” y no “bilateral”, como anunció el Gobierno.
Para el experto en Derechos Humanos Leonardo Gonzales –Coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de Indepaz– lo ideal sería que entre dichos grupos también dejaran de dispararse, pues, según él, “la comunidad casi siempre queda en medio del conflicto cuando entre ellos los acusan de ser colaboradores del enemigo”, una acción para la que “se les acabarían las excusas” si se llegara a una tregua entre ellos mismos.
Verificación: lo más difícil
Pese a que el cese bilateral entre el Gobierno y el ELN había sido criticado por expertos de la talla de los exnegociadores de paz Sergio Jaramillo y Humberto de la Calle por lo “prematuro” de la medida, fue el mismo De la Calle el que salió a decir que “aún con las dificultades de sostenibilidad y verificación”, era una gran noticia y debía ser acompañada por los ciudadanos.
Así las cosas, y en eso concuerdan sectores como la Iglesia Católica y la ONU, la verificación es uno de los puntos claves no solo para asegurar que ambas partes estén cumpliendo, sino para generar confianza en las comunidades y en la opinión pública, pues una buena parte del país ve con escepticismo las medidas.
Y ese es un punto que el Gobierno sabe bien, por lo que “amarró” la verificación del cese al fuego de entidades nacionales e internacionales.
Tal como detalló Prada, el Gobierno conformará una “Comisión de Alto Nivel” de la que harán parte el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda; el ministro de Defensa, Iván Velásquez y el Director Nacional de Inteligencia, Manuel Alberto Casanova. Como manos derechas, la verificación también estará a cargo de la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA y la Organización para las Naciones Unidas, ONU, cuyo director general, Antónico Guterres, apoyó la medida.
Crearán mesas regionales
Además de esas instituciones expertas en evaluar ceses al fuego y proceso de paz, el ministro Prada explicó que la verificación se dará en “mesas de diálogos regionales”.
Según le detalló a este diario, dichas mesas no tendrán el objetivo de hablar con más grupos armados –pues de eso se encargará la Comisión de Alto Nivel– sino que incluirán a organizaciones de la sociedad civil en la que esos grupos armados tienen mayor incidencia para “escucharlas y realizar la verificación también desde el territorio”, un punto en el que seguro será clave la Iglesia.
Por ahora, Prada aseguró que la prioridad número uno del cese es que paren las ofensivas contra los líderes sociales y la Fuerza Pública, un punto clave en un país como Colombia, catalogado por Amnistía Internacional como el más riesgoso en el mundo para defender Derechos Humanos
“Cese al fuego es una herramienta, pero no la solución”
La Iglesia Católica ha sido una pieza clave para mediar entre el Gobierno, los grupos armados y las comunidades. En diálogo con EL COLOMBIANO, el monseñor Héctor Fabio Henao –delegado para la relación Iglesia-Estado– detalló cómo será el acompañamiento y verificación al cese bilateral con esos cinco grupos armados.
En la conversación reconoció que para la Iglesia el cese al fuego “es una herramienta valiosa, pero no el fin”.
¿Cree que será más complejo verificar el cese al fuego tratándose de cinco grupos armados al mismo tiempo?
“El mecanismo tiene dos partes: el monitoreo al cese al fuego, que es una labor más que todo preventiva, de acompañamiento a las comunidades y de ayuda a situaciones que puedan considerarse como hechos de violencia que afectan el cese, y el de verificación.
Ese último es más técnico y que revisa dónde hubo rupturas, quién fue el que las cometió y crea mecanismos que permitan evitar que vuelva a suceder en el futuro y que se establezcan las condiciones para que haya una forma de resarcimiento y correctivos.
Nosotros como iglesia apoyamos haciendo el acompañamiento a las autoridades. Ahí hacemos pedagogía, ayudamos a tramitar dificultades. Ese acompañamiento de la Iglesia en las comunidades es permanente, acá lo que hacemos es poner esa capacidad al servicio de crear condiciones de seguridad y protección.
Hay grupos más propensos a extorsionar, practicar minería ilegal,etc. ¿La Iglesia también estará revisando si merman esas hostilidades o es solamente en cuanto al fuego que estarán reportando?
“Todavía no tenemos los protocolos, por lo tanto estamos a la espera de que se publiquen los decretos de cada uno de los grupos y también los protocolos y los acuerdos con los que se haya llegado con cada uno.
Hoy por hoy en la concepción que existe sobre cese al fuego hay una visión mucho más ampliada. No se restringe únicamente a confrontaciones directas, sino que va un poco más y abarca temas como violencia basada en género y protección a la población.
Ese concepto ampliado, como usted lo llama, ¿ha implicado en algunas ocasiones un cese de acciones ilegales como el narcotráfico o la minería ilegal?
“Habrá que ver cómo se pone en marcha según los protocolos con cada grupo y los alcances de lo que se haya comprometido dentro del proceso.
El tema del narcotráfico no ha entrado dentro del cese al fuego aún en una concepción ampliada. Cuando hablo de algo más amplio me refiero a hechos violentos contra las comunidades como la violencia basada en género que, aunque no es una hostilidad entre grupos, si es violencia contra las comunidades.
Otras actividades ilícitas son un capítulo diferente. Aunque si se acordara así desde el cese al fuego suspender ese tipo de actividades tendrían que ser monitoreadas.
De todos modos, este es un paso muy importante. No abarca todos los temas, pero es un paso que representa una apuesta muy significativa hacia el logro de la paz.
¿La Iglesia espera que los grupos avancen más allá del cese?, ¿Es suficiente para este punto?
“Sí, la Iglesia quiere que cese la violencia de manera definitiva. Eso hará parte de una negociación más amplia. El cese al fuego no es la solución de la problemática ni de la conflictividad. El cese al fuego transitorio, como lo es en este caso, es una herramienta muy valiosa que sirve para generar confianza y que ayuda a aclimatar y a crear un mecanismo de protección para las comunidades. Pero no es el fin, el fin al que apuntamos es al desarme, al fin total del conflicto”
