Luego de que la Secretaría de Movilidad anunciara la modificación del esquema de restricción vehicular particular, el final de la medida del carro compartido y el aumento de la tarifa del pico y placa solidario a partir del 10 de enero del 2023, las críticas no se hicieron esperar.
El pico y placa, medida que nació en 1998 durante la administración de Enrique Peñalosa para aliviar la congestión, y que tuvo varias modificaciones durante los siguientes mandatos, funcionará por grupos de placas restringidas en el mismo horario que se aplica hoy: de 6 a. m. a 9 p. m. Entre enero y abril de 2023, en los días pares podrán circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0, y en los impares los terminados en 1, 2, 3, 4 y 5.
Si bien la secretaria de la entidad, Deyanira Ávila, señaló que con el cambio en la medida buscan liberar en un 18 por ciento la carga de vehículos sobre las vías de la capital –en un año que estará marcado, nuevamente, por los frentes de obras– y la misma alcaldesa Claudia López afirmó que los cambios buscan incentivar el uso del transporte público, para los expertos en temas de movilidad esta modificación podría no tener efectos en los problemas que enfrenta la ciudad.
El director del Observatorio de Movilidad de la Universidad Nacional, Stalin Rojas, considera que el nuevo pico y placa no tendrá un efecto significativo en la reducción del tráfico. “Esta medida no afecta los factores que producen la congestión: las obras de construcción de la avenida 68, la primera línea del metro, la insuficiencia de espacio en vías por la cantidad de autos y la mala conducta de los conductores que causan trancones”, señaló.
Rojas va más allá al indicar que en enero surgirá “un efecto placebo mientras entran los estudiantes en febrero y se recupera la actividad social y económica de la ciudad”.
Por su parte, Omar Oróstegui, director de Futuros Urbanos, fue más allá y cuestionó la forma en que se toman este tipo de decisiones. “La administración se sigue concentrando en los efectos pero no en las causas del crecimiento del parque automotor”, dijo.
Además, agregó que “lo primero que debe hacer la administración es definir cuál es el objetivo del pico y placa: reducir congestión vehicular; aliviar la contaminación del aire o desincentivar el crecimiento del parque automotor”. Oróstegui considera que para cada vez que la administración realice cambios al pico y placa “debería presentar los estudios técnicos que soporten la decisión”.
En ese aspecto coincide Darío Hidalgo, experto en movilidad, quien dijo que, aunque la medida fue efectiva a corto plazo para reducir la congestión, su efecto en estos momentos es muy limitado. “Se pueden cambiar los números, las horas, pero la solución estructural a la movilidad en definitiva no va por el lado del Pico y Placa”, agregó.
Por su parte, el experto en temas de Movilidad y docente de la Facultad de Ingeniería, William Castro, no ve con malos ojos la modificación. “Son ajustes necesarios muy similares a los que Medellín lleva realizando desde hace varios años, la rotación de placas era un tema pendiente que tenía Bogotá. Es muy probable que en cuatro meses se realice un sorteo como se está haciendo allá”, afirmó y agregó: “El realizarlo mediante un sorteo aleatorio, desmotivará la compra de más vehículos”.
En ese sentido, el Ávila indicó que con esta nueva distribución “también se busca ofrecer diversidad en las posibilidades de circulación durante todo el año para el parque automotor en el Distrito”, el cual, según datos de la entidad, crecerá 2,9 por ciento el próximo año, lo que equivale a 54.000 nuevo vehículos en circulación.
Una de las grandes modificaciones para el próximo año –y la que más generó polémica– es la eliminación del carro compartido, pues, según la Administración Distrital, durante el año se logró identificar que fueron muchas las personas que se acogieron a la excepción y no cumplieron la regla de llevar tres o más personas en su vehículo.
Sin embargo, la excepción del pico y placa solidario continuará, pero con unas tarifas más altas. El permiso por un día costará 58.178 pesos; mensual, 464.974 pesos; y semestral, 2’325.095 pesos.
Ante la medida, las críticas no se hicieron esperar. “Si el argumento de la administración para quitar la opción del carro compartido es la evasión, por qué mejor no fortalece los controles antes de tomar esta decisión. ¿Cuáles son las cifras y acciones que respaldan este cambio en la medida?”, se preguntó Oróstegui.
Según el análisis que determinó la eficacia de la medida, durante lo que va del 2022 se han impuesto 981 comparendos por incumplimiento de las medidas asociadas a movilidad compartida; además, se identificó un alto flujo de solicitudes para este tema que llegaron a las 148.144 por semana, aproximadamente, lo que igual, estaría teniendo un impacto negativo en la movilidad de la ciudad.
Rojas, a su vez, cree que quitar la opción del carro compartido y seguir con el pago por transitar “no será una mejora sustancialmente para la descongestión en las vías”.
Por ahora, los expertos coinciden en que la prueba de fuego para cada una de las medidas anunciadas llegará cuando los bogotanos regresen de vacaciones.
“Tenemos proyectado en 2023 un incremento del 12 por ciento en nuestro plan de obras y eso nos obliga a hacer más de 59.500 Planes de Manejo y a tomar las medidas que estamos comunicando. Esto significa que tenemos que hacer una serie de restricciones, redistribución de rutas y algunos cierres para poder hacer todo el plan de infraestructura de la ciudad”, concluyó Ávila.
EL TIEMPO.
