La Fiscalía General de la Nación desarrolla en la actualidad un proceso silencioso de transformación y renovación dirigido, entre otros aspectos, a atacar la estructura de las organizaciones criminales que operan en Colombia y tienen impacto en otros países. Hemos fortalecido la articulación institucional interna y la cooperación judicial internacional, porque sabemos que la delincuencia es una amenaza que no respeta fronteras.
En el marco de la Trigésima Segunda Asamblea General Ordinaria de la Organización Iberoamericana de Ministerios Públicos, AIAMP, celebramos el viernes pasado convenios de cooperación y la conformación de equipos conjuntos de investigación con Chile, Paraguay, Bolivia y Panamá. Estos acuerdos constituyen la hoja de ruta para una agenda multilateral donde se suman las capacidades de persecución penal de diversos países latinoamericanos y del caribe, pero en la que también contamos con la colaboración de España, Portugal, Andorra, Italia, Países Bajos, y últimamente países como Serbia y Albania, afectados por los flagelos del narcotráfico y la trata de personas.
Estamos observando que esta lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada dentro y fuera del país, está generando un contraataque sin precedentes contra los servidores de la entidad y la propia Fiscal General de la Nación. La decisión anunciada ayer por el Ministerio Público de Guatemala es una más de estas manifestaciones.
Como lo expuso al término de su vista a Guatemala el pasado 23 de mayo la relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, existen graves preocupaciones institucionales respecto del liderazgo de la oficina de la Fiscal General de ese país desde 2018, por el posible abuso del derecho disciplinario para sancionar a los jefes de unidades especializadas que conocían de casos de corrupción, derechos humanos o justicia de transición, a veces en momentos clave de casos de alto perfil, o respecto de fiscales encargados de investigaciones especialmente delicadas o con conexiones políticas, lo cual plantea preocupaciones sobre presiones o represalias por la labor desempeñada en estas materias.
La alta funcionaria del sistema de Naciones Unidas mencionó igualmente la existencia de un patrón preocupante de utilización del derecho penal para intimidar y acallar la voz de quienes defienden los derechos humanos, combaten la corrupción o quieren cuestionar los poderes establecidos, entre ellos más de 60 operadores de justicia, periodistas, autoridades indígenas, líderes estudiantiles y miembros de las comisiones de postulación, acusados de numerosas acciones jurídicas que se repiten y solapan, basadas en hechos muy gaseosos y por delitos muy generales, como abusos de la autoridad u obstrucción a la justicia.
