El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia ha radicado ante el Congreso un proyecto de ley para aprobar la Convención Internacional Contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios, que fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 4 de diciembre de 1989. Este instrumento internacional es crucial para que Colombia pueda enfrentar de manera efectiva las organizaciones que se dedican a reclutar, utilizar, financiar y entrenar mercenarios, lo que podría implicar serias amenazas al orden público y a la seguridad nacional del país.
El canciller Luis Gilberto Murillo ha enfatizado la importancia de esta Convención para combatir las redes extranjeras que reclutan a militares colombianos retirados bajo engaños, llevándolos a conflictos armados en países lejanos. Esto no solo expone a estos individuos a situaciones peligrosas y a menudo sin retorno, sino que también crea problemas diplomáticos complejos cuando las familias demandan su repatriación. Según el canciller, el país necesita herramientas legales y diplomáticas para gestionar estas situaciones y evitar que sus ciudadanos se conviertan en mercenarios en conflictos que no tienen ninguna relación con Colombia.
La Convención tiene como objetivo principal prohibir a los Estados Parte la participación en actividades relacionadas con mercenarios, como el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento. Además, exige que las legislaciones nacionales de los Estados Parte integren medidas que permitan la criminalización, procesamiento y posible extradición de los mercenarios. Esta legislación busca crear un marco legal robusto para enfrentar y sancionar las actividades mercenarias, asegurando que Colombia pueda proteger su integridad territorial y su orden constitucional de manera más efectiva.
El proyecto de ley propuesto incluye la creación de delitos específicos para las acciones de mercenarios y la adopción de medidas públicas para combatir estas actividades. Este enfoque integral pretende dotar al país de herramientas legales adecuadas para enfrentar y sancionar la participación en actos de violencia que busquen derrocar gobiernos o socavar el orden constitucional. La propuesta será evaluada por la Comisión II del Senado, que se encarga de temas de relaciones internacionales y de seguridad y defensa nacional, para garantizar que se adapte a las necesidades y realidades del país en el contexto de la seguridad global y la lucha contra el mercenarismo.
