El Consejo Nacional Electoral (CNE), bajo la presidencia de César Lorduy, ha iniciado una investigación contra la campaña presidencial de Gustavo Petro y su equipo por supuesta violación de los límites de financiación permitidos durante las elecciones de 2022. Entre los investigados figura Ricardo Roa, gerente de la campaña. La investigación se centra en la posibilidad de que se hayan excedido los gastos autorizados por ley, generando un debate público sobre las implicaciones políticas y jurídicas.

En una entrevista con Mañanas Blu, Lorduy aclaró que el CNE no tiene la facultad de realizar investigaciones penales o disciplinarias contra el presidente en ejercicio, ya que esa competencia recae en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. El proceso del CNE, según el presidente de la entidad, se circunscribe a las finanzas de la campaña de Petro como candidato y no interfiere con su rol actual como jefe de Estado, respetando así los límites del fuero presidencial.

Algunos juristas han señalado la posibilidad de que la investigación deba ser trasladada a la Comisión de Acusaciones por un supuesto “fuero de atracción”, pero Lorduy defendió la competencia del CNE para indagar en irregularidades de financiación de campañas electorales. Citó decisiones previas del Consejo de Estado que avalan esta capacidad del organismo electoral para sancionar administrativamente a los responsables.

En cuanto a las posibles sanciones, Lorduy mencionó que, de comprobarse las irregularidades, las multas estarían relacionadas con el exceso de gastos sobre los topes establecidos por la ley y los recursos públicos utilizados para la reposición de votos. Aunque el CNE puede imponer sanciones administrativas, cualquier implicación penal o disciplinaria sería remitida a la Comisión de Acusaciones.

El presidente Petro reaccionó a la noticia calificando la investigación como una “burla al voto popular” y acusó a los magistrados del CNE de actuar bajo intereses políticos, llamándolos “politiqueros pagos”. Sin embargo, Lorduy defendió la integridad del proceso, asegurando que las decisiones del CNE se basan en pruebas y no en consideraciones políticas. El presidente del CNE subrayó que las implicaciones políticas deberán ser evaluadas por otros actores.

La investigación debe concluir antes de junio de 2025, cuando caducan las presuntas irregularidades administrativas. Aunque el camino hacia una decisión definitiva es largo, este proceso ha generado una intensa discusión en torno a la transparencia en la financiación de campañas y las posibles consecuencias para la imagen política de Petro.