La reforma a la justicia en Colombia ha desatado controversia, especialmente por la propuesta de modificar el principio de oportunidad, una figura que permite suspender, interrumpir o desistir de la acción penal en ciertos casos a cambio de la cooperación del acusado con las autoridades. Según la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, esta medida no desaparecerá, pero se ajustará para evitar abusos y garantizar su correcta aplicación, particularmente en delitos graves como corrupción, narcotráfico, violencia sexual y feminicidios.
Durante una entrevista en Mañanas Blu, Buitrago explicó que la reforma busca fortalecer el sistema judicial, haciéndolo más eficiente y reduciendo el uso indebido del principio de oportunidad, que a menudo es utilizado por acusados para eludir condenas. “Es necesario regularlo de forma más estricta para que no se convierta en un mecanismo de escape para quienes deben enfrentar la justicia”, señaló.
Propuesta y polémica
Uno de los principales cambios es la limitación del uso del principio de oportunidad en delitos graves. Según la ministra, no se debe permitir que personas involucradas en casos de alto impacto utilicen esta figura para evitar sanciones. Además, se propone un mayor control judicial y un seguimiento riguroso para asegurar que quienes se beneficien de esta medida cumplan con sus compromisos de colaboración y reparación.
Sin embargo, esta propuesta ha recibido críticas de algunos sectores que temen que los nuevos controles puedan reducir la cooperación en investigaciones complejas, como las relacionadas con el crimen organizado. Juristas y políticos han advertido que la reforma podría debilitar la capacidad de las autoridades para resolver casos importantes, ya que los acusados podrían desmotivarse a colaborar si ven que los beneficios son más limitados.
Impacto en la justicia colombiana
La reforma se presenta en medio de una crisis de confianza en el sistema judicial colombiano, donde el 85% de los ciudadanos considera que es ineficiente, según datos del Consejo Superior de la Judicatura. Uno de los problemas señalados es la lentitud en la resolución de casos penales. Buitrago confía en que la reforma ayudará a restaurar la confianza en las instituciones, afirmando que “este es un paso necesario para asegurar que la justicia se aplique de manera equitativa y eficiente”.
A medida que avanza el debate, la reforma al principio de oportunidad sigue siendo uno de los puntos más polémicos, con fuertes opiniones a favor y en contra sobre su posible impacto en el sistema judicial y la lucha contra la impunidad en Colombia.
