Uribe ha confiado en su conjunto de defensores legales, Jaime Granados, Jaime Lombana y Juan Felipe Amaya, para entablar dicha versión libre ante dos instituciones: la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Estos entes pueden eventualmente llevar a cabo investigaciones sobre las imputaciones relacionadas con el exmandatario.

La controversia escaló tras Mancuso afirmar ante la Jurisdicción Especial para la Paz  que Uribe, en su época como gobernador, conocía la ‘operación’ en El Aro. En contraste, Uribe ha argumentado que Mancuso no había implicado a personas cercanas a él en el pasado, como Pedro Juan Moreno, en hechos graves  específicamente el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.

Las pruebas de las que habla Mancuso implicarían a Moreno Villa en la planeación del homicidio de Valle, en un encuentro en la finca La Siete con Carlos Castaño, líder de las AUC. Además, Mancuso ha aseverado haber estado presente en reuniones junto a personajes claves del paramilitarismo, donde se habrían discutido acciones como las masacres de El Aro y La Granja, y remarcó que tales operaciones tuvieron el apoyo del entonces gobernador Uribe.

Sin embargo, el expresidente ha rechazado estas afirmaciones, asegurando que los helicópteros de la Gobernación, mencionados por Mancuso como facilitadores en la masacre de El Aro, operaban de manera independiente y que hay registros de vuelo y testimonios que desmienten al exparamilitar, según verificaciones del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

Uribe procura ahora una oportunidad para consignar oficialmente su versión de los hechos, y a través de ella, establecer su posición sobre las acusaciones que han resonado a nivel nacional e internacional. Este acto legal pudiera considerarse como un contraataque frente a las declaraciones de Mancuso, mostrando la tenacidad del expresidente de enfrentar las controversias que lo rodean.