El presidente Gustavo Petro ha emitido una directiva que exige a ministerios, departamentos administrativos y entidades del sector central de la rama ejecutiva informar obligatoriamente a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) sobre cualquier acto de corrupción cometido por funcionarios públicos o particulares. Esta medida forma parte de los esfuerzos del gobierno para enfrentar los recientes escándalos de corrupción.

La directiva establece que la ANDJE deberá tomar las acciones necesarias para defender a la entidad afectada como víctima o para representar los intereses de la nación. En todos los procesos penales por delitos contra la administración pública o por actos de corrupción, las entidades deben desarrollar una estrategia de defensa jurídica coordinada por la ANDJE.

Asimismo, la entidad implicada debe notificar a la Fiscalía o a la Corte Suprema y solicitar su reconocimiento como víctima en el proceso penal. Los ministerios y sectores están obligados a proporcionar toda la información relevante a la ANDJE, que convocará una mesa de trabajo para definir la estrategia de defensa. La agencia también deberá presentar informes periódicos sobre la situación.

Esta directiva se emite en el contexto de los esfuerzos del gobierno para combatir la corrupción, especialmente ante los recientes escándalos que han afectado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.