. Durante la conferencia sobre Consumo Legal de Contenidos organizada por la Alianza Contra la Piratería de Televisión Paga (ALIANZA), en la que participaron actores clave de la cadena de valor de la industria audiovisual, quedó claro que el combate a la piratería requiere no solo del desarrollo e implementación de contramedidas técnicas, sino también de la voluntad política y la cooperación de empresas, gremios y autoridades.
Al evento asistieron el Director de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), Sergio Martínez; la Directora de Vigilancia, Inspección y Control del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Carolina Figueredo; el Country Manager de DIRECTV, Mariano Díaz de Vivar; el presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT), Alberto Yohai, y el conferencista principal, Hernán Marcelo Racciatti, Director de Seguridad de Siclabs, quien describió de manera detallada algunas de las principales formas que adopta la piratería de televisión paga: Re-transmisión, Sub-reportaje, Piratería FTA y Piratería en línea (IPTV/Streaming).
De acuerdo con Hernán Racciatti, “existen diversos modelos de negocios detrás de la industria pirata que obtienen rédito económico a través de la venta de equipamiento, la publicidad en páginas gratuitas donde se presentan contenidos pirateados y la venta de suscripciones a servicios de streaming pirata por los que los usuarios deben pagar tarifas mensuales. Se trata de un verdadero ecosistema, donde conviven diversos actores que obtienen un retorno económico a partir del robo de contenido audiovisual y su reventa no autorizada”.
De acuerdo con la información que maneja ALIANZA, en Colombia el 39% de los hogares que tienen acceso a televisión paga corresponden a suscriptores ilegales, es decir, cerca de 3,86 millones de suscripciones. Esa cifra significa pérdidas de US$902 millones para los operadores de televisión, US$315 millones para los programadores y US$196 millones para el Estado por cuenta de IVA, renta y compensación que deja de percibir. Además, la industria deja de generar 7.739 empleos.
Las modalidades
El subreportaje, tal como lo explicó Racciati, corresponde a la omisión por parte de los operadores de televisión paga de no declarar a las autoridades competentes el número real de abonados, con el fin de pagar un menor valor por los derechos de propiedad intelectual a sus proveedores, un menor pago de impuestos y tasas regulatorias, y generar desequilibrio en el mercado.
La retransmisión, por otro lado, consiste en la emisión de contenidos a terceros por medio de decodificadores de operadores de televisión paga, con la finalidad de evadir el pago de los derechos de autor sobre los contenidos, sin la autorización del programador y del operador afectado en búsqueda de establecer un negocio lucrativo ilegal.
La piratería FTA (uso de receptores satelitales Free to Air) se trata de todas las formas de robo de señal mediante las cuales un consumidor obtiene acceso ilegal o no autorizado a las señales de Televisión Paga o los streams (transmisiones) audiovisuales.
Finalmente, la piratería online, que es la emisión de contenidos a través de internet en modalidad paga y/o gratuitos sin ningún tipo de autorización de los titulares de los derechos de autor. Este fenómeno está en ascenso continuo, lo que implica nuevos desafíos para que las perspectivas de crecimiento de los sectores económicos atados a la industria creativa sean productivas.
Durante la Conferencia, apoyada por ASIET, Andesco, CCIT, AMCHAM, CEA y ANDI, el director de seguridad de Siclabs, advirtió que “las aplicaciones desactualizadas, podrían implicar serios riesgos para los usuarios desprevenidos, de sistemas y/o aplicaciones piratas, incluyendo el compromiso total de los dispositivos que usan para reproducir los contenidos”.
Latinoamérica
El más reciente estudio Pay-TV Signal Piracy in Latam 2020 realizado por Business Bureau para La Alianza señala que el mercado total de Televisión Paga en América Latina y el Caribe está constituido por más de 82.6 millones de usuarios y el 25% de ellos (20,4 millones de usuarios) son usuarios de piratería de señal de Televisión Paga (excluyendo la piratería online).
Tal fenómeno significa pérdidas para la industria y los gobiernos en América Latina y el Caribe que se estiman en US$ 2,7 billones para los operadores; US$ 1,6 billones para los programadores; US$ 633 millones para los gobiernos y más de 36.000 empleos que dejó de generar la industria.
