La medida propuesta busca envolver a los denunciantes en un manto de confidencialidad y seguridad, evitando las amenazas a su integridad que han manchado el proceso de denuncia en el pasado. “El anonimato y la salvaguarda de la privacidad son esenciales para aquellos que alzan la voz ante la injusticia”, remarcó el Ministerio de Justicia.
Inspirado por el legado de Jorge Enrique Pizano, cuyo coraje quedó evidenciado en el caso Odebrecht y cuya vida se perdió trágicamente, el proyecto busca infundir en los colombianos el valor de denunciar sin temores. “Es hora de erradicar el miedo que frena a nuestros ciudadanos de actuar por el bien común”, subrayó el secretario Idárraga.
En voz de la representante Carolina Giraldo, de la Alianza Verde, se expuso la penosa realidad de aquellos que se enfrentan a la corrupción, describiendo un sistema que a menudo los deja en la vulnerabilidad. La congresista hizo énfasis en la urgente necesidad de un cambio, apoyado fuertemente por sus colegas.
Este proyecto, que previamente había encontrado obstrucciones en el Congreso, parece ahora respirar nuevos aires con el endoso del Consejo Superior de Política Criminal y una base de apoyo multipartidista. En un acto simbólico de unidad, miembros del Pacto Histórico, Partido Liberal, Alianza Verde y Partido Conservador se congregaron en la radicación de la iniciativa.
“Este proyecto es el resultado de un esfuerzo colectivo de más de un año”, destacó la representante María del Mar Pizarro, reflejando la perseverancia detrás de la propuesta. Catherine Juvinao, otra firme defensora de la iniciativa y quien ha vivido en carne propia la labor de denunciar, remarcó la importancia de protección inmediata para los reportantes.
El proyecto presenta una estructura sólida con la creación del Sistema Unificado de Protección a Reportantes o Denunciantes de Actos de Corrupción (Suprac), y contempla una gama de medidas que abarcan desde la protección laboral hasta la asistencia económica en situaciones de emergencia.
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