Millonarias sanciones por cartelización con el PAE

La Superintendencia de Industria y Comercio anunció este miércoles que impuso multas por más de 28 mil 434 millones de pesos a 9 empresas y 16 personas naturales por violar la libre competencia y cartelizarse en el Programa de Refrigerios Escolares en Bogotá (PREB) del Plan de Alimentación Escolar (PAE), conducta ejecutada entre 2007 y 2017.

Las empresas y personas naturales sancionadas, con la respectiva multa, son las siguientes:

1 – AERODELICIAS S.A.S., $1.941.168.312 de multa

2 – SERVICIAL S.A.S., $1.674.532.248

3 – LA CAMPIÑA S.A.S., $446.965.044

4 – INDUSTRIAS ALIMENTOS Y CATERING S.A.S., $1.666.931.448

5 – DISERAL S.A.S., $1.209.743.328

6 – IBEROAMERICANA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS S.A.S., $4.512.936.996

7 – PROALIMENTOS LIBER S.A.S., $8.026.216.776

8 – ALIMENTOS SPRESS S.A.S., $50.507.316

9 – COOPERATIVA MULTIACTIVA SURCOLOMBIANA DE INVERSIONES LTDA., $475.620.060

10 – ASOCIACION COLOMBIANA DE EMPRESAS PROVEEDORAS DE ALIMENTOS (ASOPROVAL), $34.697.652

Personas naturales

1 – GUSTAVO ENRIQUE DONADO ARRÁZOLA, $671.986.728

2 – JUAN DE JESÚS ALEMÁN GUERRERO, $102.382.776

3 – HAYDER MAURICIO VILLALOBOS ROJAS, $40.588.272

4 – JAVIER IGNACIO PULIDO SOLANO, $2.000.000.000

5 – JUAN CARLOS ALMANSA LATORRE, $2.000.000.000

6 – JAIRO HUMBERTO BECERRA ROJAS, $2.000.000.000

7 – STELLA TÉLLEZ HERNÁNDEZ, $193.592.376

8 – GERMÁN TRUJILLO MANRIQUE, $386.082.636

9 – MÓNICA GUASCA CAICEDO, $7.980.840

10 – WILLIAM FAJARDO ROJAS, $16.037.688

11 – HERNANDO PRIETO MOLINA, $70.193.388

12 – BEATRIZ BECERRA ROJAS, $2.736.288

13 – LUCERO TÉLLEZ HERNÁNDEZ, $46.782.924

14 – ISMAEL BELLO PACHON, $286.284.132

15 – LUISA FERNANDA FLÓREZ RINCÓN, $22.118.328

16 – MÓNICA ARLENE DEL PILAR BARRERA ROMERO, $548.017.680

TOTAL SANCIONES: $28.434.103.236

Sobre el caso, el comunicado hace las siguientes precisiones:

La Superindustria pudo probar la existencia de un acuerdo entre AERODELICIAS, SERVICIAL, LA CAMPIÑA, CATALINSA, DISERAL, IBEASER, LIBER, SPRESS y SURCOLOMBIANA, cuya finalidad era eliminar la competencia en los procesos de selección contractual del PREB, en el periodo comprendido entre 2007 y 2017. A través de este acuerdo, los infractores se distribuyeron las adjudicaciones de las ZONAS en las que fue divido el Distrito Capital de Bogotá para los procesos de selección del Programa de Refrigerios Escolares de la ciudad.

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