El juez Joaquín Aguirre, quien investiga los vínculos de Carles Puigdemont y su entorno político con el régimen de Putin, sigue sin protección policial un mes después de haber recibido un paquete bomba falso. El 18 de abril, Aguirre recibió un paquete con un temporizador electrónico y una bolsa simulando una carga explosiva, considerado una clara amenaza por las fuerzas de seguridad.
Aguirre, titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, ha solicitado protección debido a la sensibilidad de los casos que maneja, como el caso Voloh, que investiga posibles vínculos de Puigdemont con Rusia, y el caso Negreira, relacionado con una presunta trama de corrupción arbitral favoreciendo al FC Barcelona.
Tras recibir el paquete, Aguirre contactó al Consejo General del Poder Judicial para tramitar la protección, prefiriendo que fuera ejecutada por la Policía Nacional o la Guardia Civil en lugar de los Mossos d’Esquadra, debido a posibles riesgos de filtraciones. Sin embargo, tanto el Ministerio del Interior como los Mossos han desestimado tomar medidas adicionales para proteger al juez, asignando su seguridad a la policía catalana.
La decisión ha generado preocupación en el ámbito judicial y críticas hacia el Ministerio del Interior por delegar la seguridad del juez a la Generalitat, lo que podría afectar la instrucción de los casos que Aguirre maneja. Este incidente se enmarca en un clima de acoso y persecución que algunos jueces en Cataluña han experimentado desde el inicio del proceso independentista.
