Empresario de 32 años del sector de la construcción, tiene más de 10 años de experiencia desarrollando proyectos inmobiliarios y adicionalmente lleva 10 años formando líderes juveniles dentro del CD donde fundó en 2016 la estructura de jóvenes más grande del partido que hoy tiene presencia en 22 departamentos del país y agrupa más de 1500 jóvenes.

Se caracteriza por su liderazgo innato y su profundo amor patrio. Defiende las ideas de la libertad, la familia y la seguridad.

La política no puede seguir siendo un terreno exclusivo de los políticos

Hoy Colombia enfrenta profundas dificultades porque durante años dejamos que quienes nunca han administrado, generado empleo o asumido riesgos decidan cómo deben funcionar las empresas en el país. Esa falta de conexión entre la ley y la realidad productiva del país ha generado normas alejadas de las verdaderas necesidades de quienes sostienen la economía ocasionando que el Estado asfixie al que produce y frene el crecimiento. Ese es un problema estructural que no se puede ignorar.
Si realmente aspiramos a que Colombia crezca y se convierta en un país de empresarios, emprendedores y trabajadores con oportunidades reales, los empresarios debemos comenzar a legislar a dar línea a asumir un rol más protagónico en la toma de decisiones públicas y participar directamente en la formulación de leyes y políticas, aportando criterio técnico y visión práctica para construir reglas que promuevan el crecimiento, la competitividad y el progreso, en lugar de frenar el desarrollo del país.
Están los jóvenes interesados en la política y rumbo del país

Cada vez son muchos más los que se interesan, se informan y ejercen su derecho al voto. Hoy fácilmente seis o siete de cada diez jóvenes siguen los temas políticos, opinan y toman posición. Colombia es un país profundamente politizado: basta recordar cómo un fallo judicial de alto impacto, como el caso del expresidente Uribe, se siguió en tiempo real por radio a nivel nacional, con la atención de toda la ciudadanía.

Las nuevas generaciones están cada vez más involucradas, debatiendo ideas, cuestionando posturas y acercándose a la política desde distintas visiones, ya sea de derecha o de izquierda. A los jóvenes no les atraen los discursos enredados ni las fórmulas tradicionales; conectan cuando se les habla con sencillez, claridad, sin complicaciones y con autenticidad. Cuando el mensaje es directo, y honesto, los jóvenes escuchan, participan y se sienten parte de la conversación sobre el futuro del país.
Sector empresarial asfixiado por el Gobierno Nacional

Este ha sido un gobierno negativo, especialmente para el sector empresarial. Sus decisiones han buscado asfixiar al aparato productivo, llevando a la economía a una situación crítica, cercana al colapso. Colombia no ha entrado en una crisis mayor no por falta de intención, sino por la incapacidad del propio presidente Petro para ejecutar sus propuestas. Esa falta de rigor, de conocimiento técnico y de visión económica ha generado incertidumbre, improvisación y un ambiente hostil para quienes generan empleo y sostienen el país.
Los empresarios hemos sido arrinconados cada vez más por políticas desconectadas de la realidad. Un ejemplo claro es el aumento del 23 % del salario mínimo, una decisión populista y técnicamente irresponsable que ignora sus efectos reales sobre la economía. Este incremento, adoptado en un contexto preelectoral, no tuvo en cuenta el impacto que ya se está viendo: especialmente en los pequeños empresarios despidos y cierre en un país con baja productividad y altos costos laborales.

Gobierno Petro cerro la puerta de entrada al primer empleo para los jóvenes

Este gobierno intervino y desfiguró el contrato de aprendizaje, y terminó destruyendo una de las principales puertas de entrada al primer empleo para los jóvenes. Lo que debía ser un puente entre la educación y el mundo laboral se convirtió en una carga mal diseñada, que en la práctica desincentiva la contratación juvenil y debilita la formación en el trabajo real.
Hoy muchos empresarios prefieren pagar la monetización en lugar de vincular aprendices, y la razón es simple: Contratar un joven implica invertir tiempo, recursos y acompañamiento en una curva de aprendizaje que no es inmediata. Ese costo, bajo las reglas actuales, resulta mucho más alto que pagar la monetización y contratar directamente a una persona ya formada y productiva. En otras palabras, el propio diseño del sistema le dijo al empresario que no es negocio contratar jóvenes, pese a que el discurso oficial hable de promover el empleo juvenil. Se predica una cosa, pero se legisla lo contrario.

Si realmente se quiere fomentar el primer empleo, el camino es otro: acompañar al empresario y ofrecer incentivos claros y concretos. Por eso propongo que el Estado asuma el 50 % de los parafiscales de cada joven contratado durante sus primeros tres años. Así, el empresario puede destinar lo que invierte en formación y compensar esos costos, y la ecuación cambia: contratar jóvenes deja de ser una carga y se convierte en una oportunidad. Ese es el tipo de políticas inteligentes que sí generan empleo juvenil real y sostenible.
Cuando se habla de empresarios en Colombia, muchos piensan únicamente en grandes multinacionales, pero esa visión es equivocada. La realidad es que cerca del 80 % del tejido empresarial colombiano está compuesto por pequeñas y medianas empresas con menos de 50 trabajadores. Son estas empresas las que hoy están en riesgo, las que generan la mayoría del empleo y las que no tienen margen para absorber decisiones improvisadas.
Defender a los empresarios es, en esencia, defender el empleo, la estabilidad y el futuro económico del país.

¿Necesita el país más impuestos?

Lo primero que quiero dejar absolutamente claro es que los proyectos de ley que impulsaré en el Congreso de la República no representarán una carga adicional para el Presupuesto General de la Nación.

Colombia no necesita más impuestos; necesita un Estado más eficiente. Por eso, la prioridad será una reforma tributaria orientada a reducir impuestos y, al mismo tiempo, a disminuir el tamaño del Estado. Según el Departamento Administrativo de la Función Pública, a finales de 2025 se reportaron aproximadamente 1,4 millones de servidores públicos en todo el país.

Incluso sin contar otras formas de contratación, y una estructura estatal sobredimensionada que consume recursos sin generar resultados.
Ejemplos sobran.

Un Ministerio de la Igualdad con un presupuesto superior al de departamentos completos como Risaralda, sin resultados claros ni impacto real, gastando más de un billón de pesos. Ese tipo de estructuras deben revisarse y reducirse de manera responsable. También es necesario recortar gastos innecesarios, ajustar salarios en los niveles más altos del poder público —incluido el Congreso— y acabar con el derroche que hoy drena los recursos del país.
Con un Estado más austero y ordenado, los recursos sí alcanzan. La plata que se libere debe destinarse a los programas sociales que realmente se necesitan, aquellos que generan impacto, oportunidades y bienestar para la gente.
Gobernar bien no es gastar más, es gastar mejor, con criterio, responsabilidad y pensando en el país real.

¿Qué impuestos deben revisarse?*

El principal impuesto que debe revisarse es el de renta y, en general, todo el esquema tributario asociado a la productividad. En Colombia tenemos un modelo mal enfocado: estamos gravando el acto de producir, no la utilidad. Y eso es un error de fondo. La empresa no es donde está la plata; la empresa es un aparato de producción. Cuando se castiga la producción, se frena la inversión, se limita el crecimiento y se destruye empleo.

Hoy se grava todo el proceso productivo. Las empresas pagan de Iva sobre casi todos los insumos y materiales, además de una pesada carga de parafiscales. Para producir un solo peso en Colombia, el empresario debe pagar una cadena de impuestos que encarece la actividad económica.
Un ejemplo claro es la maquinaria: en la mayoría de los sectores productivos se paga un Iva del 19 % por equipos que no son de consumo, sino herramientas para producir. Eso no tiene lógica económica. No debemos gravar la producción; debemos gravar la utilidad.
Por eso es fundamental dejar de castigar la productividad. Quienes realmente tienen la capacidad contributiva son las personas naturales, no las empresas como estructuras productivas.
Las empresas necesitan menos impuestos para poder producir más, crecer y generar más empleo formal. Los ricos son las personas, no las empresas.
Esta medida, además, está ampliamente comprobada a nivel mundial: reducir impuestos a las empresas incentiva la formalización. El mayor problema de Colombia no es solo la corrupción o la violencia, es la informalidad, que *hoy supera el 57 %.* Más de la mitad de la economía está por fuera del sistema, sin pagar impuestos ni aportar a la seguridad social. Cuando se reduce la carga tributaria y se facilita producir, esos informales entran al aparato productivo, se formalizan y comienzan a generar empleo y a pagar impuestos de manera sostenible.

Bogotá hoy enfrenta un desafío central: la calidad de vida.

Problemas como la movilidad, la seguridad y el acceso oportuno a la educación y salud confluyen en un solo concepto clave: bienestar. Ese debe ser el eje de nuestro trabajo: construir una ciudad que ofrezca condiciones reales para vivir mejor.
Desde el Congreso de la República es fundamental ser claros: no se trata de *invadir las funciones del Distrito,* sino de ejercer control político y orientar recursos nacionales para que los grandes proyectos estratégicos se materialicen. En concreto, debemos presionar para que se desarrollen el Regiotram del Norte y el Regiotram de Occidente, dos líneas de transporte sostenibles, independientes de otros sistemas, que conectarán Bogotá con los municipios del norte y con el occidente, como Funza. A esto se suma la responsabilidad de garantizar la culminación del Metro de Bogotá y la ejecución de su segunda línea, así como proyectos largamente postergados como la ALO. Con estos frentes, la movilidad de Bogotá puede transformarse de manera estructural.
En paralelo, impulsaré un proyecto de ley enfocado en *cultura, emprendimiento, empleabilidad y educación,* con especial énfasis en los jóvenes, una población con la que he trabajado por más de una década y que llevo en el corazón. Tras recorrer el país y escucharlos, entendí que sus principales dolores se concentran en esos cuatro ejes.
Es urgente cambiar el paradigma educativo: el mundo ya no demanda únicamente carreras de cinco años, sino programas técnicos y tecnológicos de corta duración —ocho meses o un año— alineados con lo que hoy pide la industria, como programación e inteligencia artificial, para una inserción laboral rápida y efectiva.
De esta manera el emprendimiento juvenil requiere un entorno que acompañe y facilite. Como empresario, conozco de primera mano lo difícil que es iniciar un negocio y más siendo joven en Colombia.
Por eso proponemos fortalecer el Fondo Emprender del SENA y crear ventanillas públicas de emprendimiento juvenil en las Cámara de Comercio de Bogotá, para que los menores de 35 años presenten sus proyectos y reciban acompañamiento integral. La meta es que estas instituciones dejen de ser un obstáculo y se conviertan en verdaderos aliados para emprender, generar ingresos y crear empleo formal.

Mis propuestas para Bogotá
Tengo tres propuestas fundamentales para Bogotá

La primera es libertad económica

Como empresario y constructor conozco de primera mano lo difícil que es hacer empresa en Colombia. Por eso trabajaré para reducir los impuestos a las empresas, con el objetivo de impulsar el crecimiento, generar más empleo y producir mayor riqueza. Este es el punto de partida para cualquier agenda seria de desarrollo: dejar de castigar a quien invierte y produce.
Es clave entender que nuestro sistema tributario está mal enfocado.

En Colombia se grava la productividad y la producción, en lugar de la utilidad, lo que termina asfixiando a las empresas e impidiendo su crecimiento. Un ejemplo claro fue el aumento del 23% del salario mínimo, una decisión desproporcionada que desincentiva el empleo formal y golpea especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que constituyen la mayoría del tejido empresarial del país. Medidas así no protegen al trabajador: lo empujan a la informalidad.

La segunda propuesta es una *política integral para los jóvenes.

Debemos garantizar oportunidades reales en cultura, emprendimiento, educación y empleo, para que los jóvenes puedan construir un proyecto de vida pleno en Colombia y no se vean obligados a emigrar, como ocurrió con más de 1,8 millones de jóvenes en los últimos años. Un país que expulsa a su juventud está renunciando a su futuro, y eso no lo podemos permitir.

La tercera es seguridad 

Entendida de manera integral. No se trata solo de capturar delincuentes, sino también de prevenir el delito y combatir la impunidad. Proponemos una medida concreta y transformadora: una aplicación digital sencilla para que los ciudadanos puedan denunciar delitos menores de forma ágil y efectiva. Además, es indispensable duplicar la capacidad de la *Fiscalía General de la Nación* y del aparato judicial en Bogotá, donde hoy hay fiscales con cientos de casos asignados, una situación absurda que alimenta la impunidad.
Con prevención, tecnología y fortalecimiento institucional, sí es posible recuperar la seguridad y la confianza ciudadana.