El Gobierno Nacional ha habilitado 2.479 cupos para mujeres cabeza de familia condenadas por delitos menores, permitiéndoles cumplir su pena mediante trabajos comunitarios en lugar de permanecer en prisión. Esta medida representa un esfuerzo por ofrecer una alternativa a la reclusión, promoviendo la reintegración social y familiar de estas mujeres.

Las condenas elegibles para esta modalidad de cumplimiento son aquellas de hasta ocho años. Esta política busca atender la situación particular de las mujeres que, al ser las principales responsables del cuidado de sus familias, enfrentan desafíos adicionales en el contexto del sistema penitenciario.

La implementación de estos cupos tiene el objetivo de reducir la carga sobre el sistema penitenciario al mismo tiempo que se apoya a las mujeres en su rol de cuidadoras. Se espera que al participar en trabajos comunitarios, estas mujeres puedan contribuir positivamente a la sociedad mientras cumplen con sus penas de manera constructiva.

Este enfoque no solo facilita la reintegración familiar, sino que también ofrece a las mujeres una oportunidad para desarrollar habilidades y recuperar su autonomía. En conjunto, esta medida busca mejorar su situación personal y fortalecer su papel dentro de sus comunidades.