La CIDH condenó al Estado colombiano por el exterminio de más de 6.000 miembros de la Unión Patriótica desde 1984 y extendido hasta el 2004.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó y declaró responsable al Estado colombiano por el exterminio de más de 6.000 miembros de la Unión Patriótica (UP) desde 1984 y extendido hasta el 2004. Dentro de las acciones que tiene que cumplir el Estado colombiano en la condena, está el de cumplir las medidas de reparación total e integral, como definir un día de las víctimas de la UP, las universidades públicas tendrán la tarea de recordar estos hechos para que no se repitan, y medidas económicas.
“Sobre las víctimas directas hace un estimativo de 55.000 dólares para cada una de las víctimas y la diferencia que hace es en montos respecto a las madres, padres, hijos de las víctimas. También se refirió a los hermanos en un monto de 10.000 dólares para cada uno en los que aparece referido. Son alrededor de 761 víctimas directas e indirectas, pero recordemos que la Corte se ha referido de manera clara y puntual a la tarea de búsqueda de identificación y de acreditación de otras víctimas que, para el momento de la decisión de la Corte Interamericana, no aparecían identificadas”, dijo la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucia Zamora.
Estos 55.000 dólares son equivalentes a 250’580.000 de pesos, a un precio del dólar a $4.556, y 10.000 dólares serían 45’560.000 pesos. Este plazo para la reparación a las víctimas será en un periodo de un año con posibilidades a que se extienda a dos años.
Inicialmente se cuentan como víctimas indirectas a 771 personas que ya están plenamente identificadas y en la construcción, a partir de la justicia colombiana, para que exista una reparación total.
“Hoy en día debemos reconocer como Estado, como se hizo en el 2016 y lo reconoce la Corte, el reconocimiento de responsabilidad internacional que hizo Colombia y por esa razón esto significa un acto muy reparador para las víctimas y un nuevo futuro para Colombia”, explicó la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucia Zamora.
