El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este miércoles la suspensión indefinida del procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, entre los que figura Colombia, como parte de una política reforzada para evitar el ingreso de solicitantes que puedan convertirse en una “carga pública” para el sistema de asistencia social y de salud del país.
La medida, que entrará en vigor el próximo 21 de enero y se mantendrá hasta que se complete una revisión integral de los protocolos de visado, marca un endurecimiento sustancial de las directrices implementadas en noviembre pasado por el gobierno del presidente Donald Trump. En aquella ocasión, se ordenó denegar visas a extranjeros con base en criterios como la edad y el padecimiento de enfermedades crónicas como diabetes y obesidad, argumentando un alto riesgo de requerir atención médica costosa.
Según un memorando interno del Departamento de Estado al que tuvo acceso esta redacción, la evaluación para determinar si un solicitante puede ser considerado una potencial “carga pública” es exhaustiva. Los funcionarios consulares deben analizar factores como el estado de salud, la edad, el dominio del idioma inglés, la situación financiera y los antecedentes de haber recibido asistencia pública o de haber estado internado en instituciones.
“El criterio que más preocupa a las autoridades estadounidenses es la posible necesidad de atención médica a largo plazo, que puede ascender a cientos de miles de dólares”, señala el documento.
Esto implica que solicitantes mayores, con sobrepeso o con condiciones de salud preexistentes, así como aquellos con recursos económicos limitados o un historial de asistencia gubernamental, enfrentarán una probabilidad muy alta de rechazo.
En su comunicado oficial, el Departamento de Estados indicó que: “La congelación se mantendrá hasta que Estados Unidos pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no se enriquezcan con la riqueza del pueblo estadounidense”.
Amplio impacto regional y global
Además de Colombia, la suspensión afecta a varios países latinoamericanos, como Brasil, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay. Sin embargo, el grueso de las nacionalidades incluidas en la lista pertenecen a África y Oriente Medio. También figuran otros territorios como Rusia, Moldavia, Tailandia, y naciones caribeñas como Bahamas y Bermuda.
La política ha sido justificada por la administración Trump como un esfuerzo necesario para proteger los recursos públicos y garantizar que los inmigrantes sean autosuficientes. “La ley de inmigración de EE. UU. ha requerido durante décadas que los extranjeros que buscan venir a este país se sostengan a sí mismos y no dependan de los contribuyentes estadounidenses. Estamos aplicando esa ley de manera rigurosa”, declaró un portavoz del Departamento de Estado que solicitó el anonimato.
Fuente: https://www.bluradio.com/
