El empresario colombiano Alex Saab, el presunto testaferro de Nicolás Maduro enjuiciado por lavado de dinero en Miami, estuvo entre los beneficiarios de un esquema de corrupción en Ecuador que tuvo acceso a casi $2,700 millones, según investigadores.
Saab también se encuentra en el centro de otra investigación criminal en Ecuador, que explora como un sistema creado para fomentar el comercio entre los países andinos terminó convirtiéndose en un esquema gigantesco de lavado de dinero que incluso llegó a poner en riesgo la dolarización en Ecuador bajo el gobierno del ex presidente Rafael Correa.
La participación de Saab en el esquema, junto con la de otros personajes ligados al empresario, serán entregados esta semana a las autoridades de Colombia de mano de una comisión de la Asamblea Nacional de Ecuador que realizó una extensa investigación sobre el uso indebido del Sistema Unitario de Compensación Regional, o Sucre.
Dos empresas vinculadas a Saab y a su socio Álvaro Pulido – quien también es requerido por la justicia estadounidense – terminaron obteniendo jugosos contratos para la exportación desde Ecuador de viviendas prefabricadas financiadas por el SUCRE, explicó el asambleísta Fernando Villavicencio, quien preside la comisión congresional.
“Los gobiernos de Ecuador y Venezuela permitieron que estas dos empresas [Fondo Global de Construcción (Foglocons),y ELM Import] firmaran un contrato por $350 millones para exportar casas prefabricadas de Ecuador a Venezuela, casas que nunca llegaron”, dijo Villavicencio al el Nuevo Herald antes de partir hacia Colombia.
Las empresas de Saab y de Pulido terminó recibiendo $160 millones por los contratos, pero solo envió paneles prefabricados para levantar las casas para el programa social conocido como la Gran Misión Vivienda por $3.1 millones, resalta el informe elaborado por la comisión.
Saab, quien fue extraditado en octubre a Estados Unidos desde Cabo Verde, tiene previsto comparecer ante un juez federal el 16 de febrero en Miami, donde se le acusa de conspirar para lavar dinero obtenido ilegalmente de las arcas venezolanas.
Para la comisión ecuatoriana, el SUCRE no solo fracasó en alcanzar los objetivos para los cuales fue creado de promover el intercambio comercial entre Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua y Ecuador, sino que al final solo sirvió para facilitar la corrupción, poniendo en riesgo simultáneamente a la economía ecuatoriana.
Esto fue así porque sólo debía servir de cámara de compensación entre los bancos financiando las operaciones comerciales, pero al final lo que hizo fue financiar con dólares de las reservas de libre disponibilidad de Ecuador – las cuales son las que respaldan la dolarización ecuatoriana– exportaciones dudosas dirigidas a Venezuela, dijo Villavicencio.
Estamos hablando de una cifra de $2,697 millones que fueron tomados de la reserva de libre disponibilidad del Ecuador, lo cual es un delito, y según el gerente del banco central de ese entonces estas operaciones pusieron en riesgo la liquidez de la economía ecuatoriana. Eso significa que pusieron en riesgo la dolarización para entregar esos recursos a Venezuela, dijo el asambleísta.
Las operaciones – el 90% de las cuales involucraban exportaciones ficticias o estratosféricos sobreprecios, según el informe amenazaron a la economía ecuatoriana porque los fondos aportados por Ecuador debía ser repuestos en un breve plazo por Venezuela, pero el país petrolero no lo hacía.
La situación se tornó tan crítica que en al menos una ocasión el gerente del Banco Central de Ecuador viajó a Caracas para ver si les pagaban, pero allí le dijeron que Venezuela no tenía dólares y preguntaron si era posible que les pagaran la deuda en oro, relató Villavicencio.
Hasta el momento, las autoridades de Ecuador no han logrado determinar la cantidad de dinero que terminó adeudando Venezuela.
La comisión encontró que entre el 2010 y el 2014 se realizaron 5,400 operaciones de exportaciones ficticias y sobrevaloradas. En uno de los casos más emblemáticos, latas de atún que en Ecuador eran cotizadas a 60 centavos de dólar por unidad fueron facturadas en $5. En otra operación, productos químicos cotizados en el mercado internacional en 3.5 euros el kilo fueron vendidos en Venezuela en $105,000, agregó Villavicencio.
Las operaciones realizadas por Saab y Pulido a través del Sucre además entrar en el rango de operaciones ficticias también sobresalen por la ilegalidad con que entraron a operar.
Información reservada del Banco Central recogida por la comisión señala que ELM Import es una empresa que estaba suspendida en Venezuela, mientras que Fondo Global de construcción fue creada ilegalmente en Guayaquil porque el día de su creación, en Septiembre del 2012, no estaban presentes en Guayaquil quienes firmaron el acta, Pulido Vargas y Luis Eduardo Sanchez Yares, con este último luego admitiendo a la comisión que había firmado desde Venezuela.
El informe también expone la estrecha relación entre Saab y la dirigente colombiana Piedad Córdoba, quien fue la que le abrió las puertas al régimen socialista de Caracas.
“Sin el apadrinamiento de la ex senadora colombiana, Alex Saab Morán seguiría siendo el empresario barranquillero de textiles en bancarrota”, señala el documento. “Saab no se hubiera levantado y amasado su fortuna sin la intermediación de Córdoba con el gobierno de Venezuela, para cobrar USD 30 millones, que Cadíví (entidad venezolana que regula los pagos en dólares) le debía por exportaciones desde Colombia. Fue Piedad Córdoba la que tendió a Saab la alfombra roja para su ingreso al Palacio de Miraflores”.
Córdoba era la “mujer de la revolución chavista en Colombia”, la ficha de Hugo Chávez, la que mapeaba a los enemigos del chavismo en su país y enlistaba prioridades. Córdoba era la elegida del chavismo para ser presidenta de Colombia para por fin terminar con las turbulentas relaciones con su vecino. Sin ser funcionaria, solo siendo la “elegida por Chávez”, se convirtió en la tramitadora de empresarios amigos con el gobierno de Venezuela, agregó el documento.
Según el documento, Saab terminó convirtiéndose en el asistente de Córdoba, quien compraba objetos requeridos por la ex senadora, desde pasajes de avión hasta iPads.
