En la foto los ingenieros (sin orden especifico) Héctor Eduardo Romero Ramírez, Luis Eduardo Romero Jiménez y Mauricio Patiño Gallego
El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que tiene conocimiento del caso de tres (3) ciudadanos colombianos detenidos en el Reino de Arabia Saudita.
Por un contrato civil en Yemen, estos ingenieros, que fueron allí en 2025 por asuntos laborales a Yemen, quedaron atrapados por la guerra que hay en esa zona.
La situación de los connacionales ha sido atendida desde el año pasado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de los consulados competentes y con el apoyo de la Embajada de Colombia ante el Reino de Arabia Saudita, en coordinación con las autoridades locales, con el propósito de brindar la asistencia consular correspondiente dentro del marco de las competencias del Ministerio y de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.
Los familiares de los connacionales han mantenido comunicación permanente con el Consulado de Colombia en El Cairo y con la Embajada de Colombia ante el Reino de Arabia Saudita. De igual manera, los derechos de petición presentados por ellos han sido atendidos oportunamente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1755 de 2015. Asimismo, han recibido atención presencial en Bogotá por parte del equipo del Grupo Interno de Trabajo de Asistencia a Connacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el marco del acompañamiento institucional brindado a este caso.
La Cancillería continuará haciendo seguimiento al caso y brindando la asistencia consular que resulte procedente en situaciones de privación de la libertad, lo que comprende, entre otras actuaciones, la verificación de las condiciones de detención, el acompañamiento dentro del marco de sus competencias, la comunicación con los familiares y las gestiones ante las autoridades locales para procurar el respeto del debido proceso y de los derechos de los connacionales. Todo ello se realiza con respeto por la legislación del Estado receptor y sin interferir en las decisiones de sus autoridades judiciales competentes.