A través del Decreto 117 de 2026, la Administración Distrital establece reglas claras para el aprovechamiento económico del espacio público.
Con el objetivo de armonizar el derecho al trabajo de vendedoras y vendedores informales con la protección, recuperación y preservación del espacio público, la Alcaldía Mayor de Bogotá expidió el Decreto 117 de 2026. Esta norma modifica el Decreto Distrital 642 de 2025 y establece disposiciones clave para la convivencia ciudadana y el ordenamiento de la economía popular en la capital.
La nueva reglamentación se fundamenta en la necesidad de mitigar riesgos para la seguridad y la integridad de la ciudadanía. Entre las medidas más destacadas se encuentran:
Restricciones de seguridad y manejo de combustibles: queda estrictamente prohibido el uso y almacenamiento de cilindros de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y de sustancias inflamables en el espacio público por parte de vendedoras y vendedores informales. Estas solo podrán utilizarse en establecimientos legalmente constituidos que cumplan con los requisitos técnicos.
Regulación de servicios y salubridad: actividades como la realización de tatuajes, piercings y servicios de peluquería o barbería no podrán desarrollarse en el espacio público si no cumplen con las condiciones sanitarias establecidas en el Decreto Nacional 780 de 2016 y la Resolución 2117 de 2010. Asimismo, la venta de alimentos deberá cumplir estrictamente con la Resolución 604 de 1993 del Ministerio de Salud.
Protección de rutas de emergencia: se establece un radio mínimo de 1,5 metros alrededor de cada hidrante contra incendios, que deberá permanecer libre de cualquier ocupación u obstáculo. Además, se prohíbe la ubicación de ventas en rutas de evacuación de establecimientos, puentes peatonales o accesos al Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).
“El objetivo es identificar quiénes son vendedoras y vendedores vulnerables para diferenciarlos de las mafias que pretenden adueñarse de las esquinas. Queremos que el vendedor autorizado cuente con un espacio digno, respetando distancias mínimas y áreas protegidas como edificios institucionales y nodos de transporte”, explicó el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila.
Prohibiciones específicas: el decreto ratifica la prohibición de comercializar pólvora, sustancias químicas peligrosas, artículos ilícitos y de portar o vender armas blancas en el espacio público.
Alternativas para los vendedores y debido proceso
En línea con los principios de confianza legítima y proporcionalidad, la Administración Distrital garantiza que los procesos de recuperación del espacio público no serán intempestivos. El Instituto para la Economía Social (IPES) liderará la oferta de alternativas económicas para la población vulnerable, que incluyen:
* Relocalización o reubicación en espacios autorizados.
* Acceso a programas de formación y reconversión laboral.
* Inscripción en la oferta de servicios sociales y programas de atención integral.
“La importancia de este Decreto ya la podemos demostrar con hechos, los cambios que ya se ven plasmados en los bajo puentes, con esta estrategia buscamos organización, limpieza y seguridad. Esto debe ser también un esfuerzo de la ciudadanía como hay derechos hay deberes y debemos respetar la organización del espacio público”. Resaltó, la directora del DADEP, Lucia Bastidas.
