El Comité Departamental del SRPA de Cundinamarca definió acciones en justicia juvenil restaurativa, con el objetivo de prevenir la reincidencia y garantizar oportunidades para adolescentes en conflicto con la ley.

El Comité Departamental del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) de Cundinamarca sostuvo una nueva sesión para evaluar avances recientes y definir acciones orientadas a una justicia juvenil más efectiva, preventiva y restaurativa.

La reunión, liderada por la Gobernación de Cundinamarca y la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana, contó con representantes de entidades judiciales, de control y de atención social, quienes dieron seguimiento a los compromisos adquiridos en la tercera sesión del comité.

En la mesa de política pública se presentó la metodología y el cronograma para su formulación, con tareas definidas para cada actor institucional. En gestión de información se actualizó la base de datos y se analizaron casos para orientar decisiones y políticas. En justicia juvenil restaurativa, se socializaron experiencias que han demostrado eficacia en la reincorporación social. En infraestructura, se revisó el estado y las necesidades de los centros de atención y reclusión para adolescentes. En atención integral, se expusieron acciones para garantizar acceso a educación, salud, orientación psicosocial y programas de formación.

Uno de los casos destacados en la jornada fue el del Centro Transitorio (CETRA) del Circuito Judicial de Chocontá, que ha reducido los tiempos de respuesta y mejorado la calidad de atención a jóvenes vinculados a procesos judiciales.

“La metodología presentada para construir la política pública del SRPA permitirá coordinar mejor las acciones entre entidades y asegurar que las intervenciones respondan a las necesidades reales de esta población”, dijo el secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana, Luis Fernando Navarro Jiménez.

El balance fue positivo, con avances en articulación institucional, identificación de retos y priorización de estrategias para prevenir la reincidencia y garantizar entornos de protección y oportunidades para adolescentes en conflicto con la ley.