La madrugada del 11 de agosto, a la 1:56 a.m., murió el senador Miguel Uribe Turbay, dos meses después de sufrir un atentado. Su lucha de 63 días en la UCI mantuvo al país en vilo.

En ese silencio roto por los monitores, su esposa, María Claudia Tarazona, le susurró:

“Vete… a buscar los brazos de tu mamá… que yo me hago cargo.”

La noticia se propagó rápido. En redes, su viuda escribió:

“Siempre serás el amor de mi vida”

El Capitolio Nacional se vistió de duelo. Más de cinco mil colombianos desfilaron ante el féretro cubierto con la bandera tricolor. Entre ellos, rostros conocidos y anónimos: Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el expresidente Juan Manuel Santos, así como familiares, congresistas y ciudadanos de todas las regiones, unidos en un mismo dolor.

No era solo un adiós a un senador. Era el luto de un país que reconoce, una vez más, el costo de la violencia política. Madres con hijos en brazos, veteranos condecorados, jóvenes con camisetas de la selección… Todos formaron esa fila interminable que recorrió Bogotá.

El mismo escenario que décadas atrás recibió a Galán, a Pizarro, hoy acogía a Uribe Turbay. Como si la historia, tristemente, insistiera en repetirse.

El 7 de junio, en el barrio Modelia, un adolescente de 15 años disparó a quemarropa contra Uribe Turbay. Dos impactos en la cabeza, uno en la pierna. Testigos grabaron el caos: guardaespaldas reaccionando, ciudadanos gritando… Tras una cirugía de emergencia en la Fundación Santa Fe, comenzó una batalla médica contra el edema cerebral y hemorragias recurrentes.

La Fiscalía actuó con rapidez: seis detenidos en 72 horas, entre ellos un menor de 15 años y alias “Chipi”, señalado como autor intelectual. Pero las preguntas persisten: ¿quién dio la orden? ¿Fue un ajuste de cuentas o un mensaje político?. Sin dudas, un caso que pone a prueba al sistema judicial colombiano, en medio de la presión internacional y el dolor de una nación que exige respuestas.

El crimen provocó reacciones en todo el mundo. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio calificó el atentado como “un ataque a la democracia”, mientras que gobiernos de Brasil, España e Italia expresaron su solidaridad. En Venezuela, líderes opositores vincularon el crimen con lo que denominaron:

“la ola de violencia política regional”.

El impacto familiar de esta tragedia resulta particularmente conmovedor. Alejandro, el hijo de cuatro años del senador, ahora enfrenta el mismo destino que sufrió su padre décadas atrás: crecer huérfano de padre por la violencia política. Este paralelo no pasó desapercibido durante el velatorio, donde muchos asistentes recordaron los ciclos de dolor que parecen repetirse en la historia colombiana.

El asesinato de Miguel Uribe Turbay no es solo una tragedia humana: es un terremoto político. El vacío que quedó es profundo. Tras el atentado, Uribe Turbay alcanzó 26% en intención de voto. Su ausencia plantea interrogantes sobre el rumbo que tomará la colectividad de su partido, entre mantener una línea de continuidad con su propuesta o adoptar nuevos enfoques de campaña. No hay un heredero claro, pero la campaña presidencial de 2026 ya está marcada por la sombra de la violencia.

Mientras los partidos calculan, y algunos especulan sus movimientos, una pregunta quema: ¿cómo garantizar seguridad a los candidatos?, ¿qué medidas adicionales se implementarán?, ¿podrá el país blindar la campaña de la violencia política?

En medio del luto nacional, el presidente Gustavo Petro se pronunció desde su cuenta en X.
Expresó sus condolencias a la familia de Miguel Uribe Turbay y aseguró que la vida y la seguridad de las personas, sin distinción de ideología, son prioridad para su gobierno.

El féretro permanecerá en el Capitolio hasta hoy miércoles 13 de agosto. Mañana, bajo fuertes medidas de seguridad, recorrerá Bogotá hacia el Cementerio Central. Décadas después de Galán y Pizarro, otro nombre se suma a la lista de víctimas de la violencia política.

La muerte de Uribe Turbay no es un hecho aislado. Es el eslabón más reciente en una cadena de violencia política que atraviesa generaciones, desde el asesinato de su madre Diana Turbay en 1991 hasta los más de 1,300 líderes sociales asesinados desde la firma del acuerdo de paz.

El país enfrenta nuevamente preguntas sin respuesta: ¿Cómo romper estos ciclos? ¿Qué protección real tendrán los candidatos en las elecciones de 2026?.

Detrás de los honores oficiales y las banderas a media asta, Colombia vive otra jornada de duelo colectivo. Pero más allá del dolor, persiste la incógnita sobre si ¿será este un punto de quiebre… o un capítulo más en la historia que Colombia parece condenada a repetir?.

Por Daniel Lozano