El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó la suspensión temporal del trámite de expedición de los determinantes ambientales para la Sabana de Bogotá y solicitó al Ministerio de Ambiente realizar mesas de trabajo con entes territoriales y la sociedad civil para construir los lineamientos de manera concertada.

Frente a la decisión del tribunal, el gobernador Rey aseguró que “como representantes locales, junto con alcaldes y alcaldesas, participaremos activamente en la formulación de propuestas que garanticen la preservación ambiental, la ordenación del territorio en torno al agua y la seguridad alimentaria”.

Rey añadió que es fundamental definir un modelo de ocupación que priorice el bienestar ambiental de las nuevas generaciones sin afectar las vocaciones productivas y la competitividad de la región.

“Hacemos un llamado al Ministerio para establecer desde ya una metodología participativa que asegure el mejor resultado en términos de ordenación territorial”, dijo el gobernador.

Suspensión del trámite y llamado a la concertación

La suspensión fue ordenada por la magistrada Nelly Villamizar, quien argumentó que las entidades involucradas no tuvieron la oportunidad de revisar y controvertir los documentos técnicos del proceso. 

La decisión surge tras una solicitud presentada el pasado 7 de marzo para frenar la implementación de los lineamientos del Ministerio de Ambiente, los cuales impactan el ordenamiento territorial de los municipios de la Sabana.

La propuesta de Min Ambiente contempla la delimitación de cinco zonas de especial importancia ambiental (recarga de acuíferos, bosques andinos y secos, humedales y áreas con amenazas naturales), cobijando con medidas de protección a más de 581.000 hectáreas. 

Sin embargo, el proceso ha generado preocupaciones en los gobiernos locales, que han solicitado mayor participación en la toma de decisiones.

Con esta suspensión, se abre un espacio de diálogo en el que el departamento de Cundinamarca reafirma su compromiso con una planificación ambiental sostenible y concertada, garantizando que las decisiones sobre el territorio respondan a criterios técnicos, sociales y productivos.