La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha emitido una resolución trascendental que beneficia a 9,600 exintegrantes de las extintas Farc que suscribieron el acuerdo de paz en Colombia. Esta medida implica la eliminación de sus antecedentes judiciales por parte de entidades como Interpol, la Dijin, la Registraduría Nacional y la Policía Nacional.

La JEP ha fundamentado su decisión en la consideración de que estos exguerrilleros no están implicados en crímenes de guerra o de lesa humanidad, sino que sus acciones delictivas se enmarcan en el ámbito político, relacionadas principalmente con su pertenencia histórica a las Farc.

Esta medida busca asegurar la plena implementación de la amnistía otorgada en 2017 por el entonces presidente Juan Manuel Santos, que hasta ahora no se ha materializado en su totalidad. El plazo de 30 días establecido por la JEP para llevar a cabo este proceso señala un paso crucial hacia la reintegración efectiva de estos individuos a la sociedad colombiana.

Eliminar los registros criminales de estos excombatientes no solo les brinda una oportunidad para reinsertarse en la vida civil con mayor facilidad, sino que también representa un avance significativo en el proceso de reconciliación nacional y la construcción de una paz duradera en Colombia.